“La marea blanca”, como describen algunos el vertido de pellets, ha puesto en relieve que el Viejo Continente no está preparado para enfrentar este tipo de desastres, al menos no en el marco legal.
A tal punto, que la UE no cuenta con normas específicas para frenar la contaminación por pellets, materia prima de la creación de plásticos. Faltan medidas preventivas y normas que impongan sanciones y obliguen a las empresas involucradas a responsabilizarse de este tipo de vertidos.
La Comisión Europea explicó que la iniciativa de hace tres meses no incluyó el transporte marítimo porque implica regular el tráfico internacional, lo que excede las competencias comunitarias y corresponde a la Organización Marítima Internacional (OMI).
Sin embargo, tras las presiones por el vertido en las playas gallegas, ante la Eurocámara, el director del departamento de Medio Ambiente, Aurel Ciobanu-Dordea, expresó que la OMI ya estudia la situación y la CE “está dispuesta a reflexionar con el Parlamento Europeo sobre qué se puede mejorar en esta propuesta para resolver este problema”. Entre las vías, incluir disposiciones que abarquen al menos parte del transporte marítimo de la UE, frente al enorme tráfico mundial en el mar.
Las legislaciones son las que producen grandes cambios
Pero esa medida puede quedarse corta. “Tiene que haber una combinación de leyes, autonómicas, estatales, y a la legislación europea se tiene que sumar el transporte marítimo porque es global, la UE puede legislar dentro de sus aguas, pero luego en las aguas internacionales puede ocurrir cualquier cosa (…) Las legislaciones son las que producen grandes cambios”, resalta Manoel Santos.
¿A qué controles específicos apuntar? El responsable de Greenpeace en Galicia destaca la necesidad de clasificar los pellets como elementos peligrosos para el medio ambiente, ya que eso obligaría a cumplir con importantes normas durante sus traslados en alta mar.
“Son dramas medioambientales cuando se vierten, si fueran considerados mercancías peligrosas, por ejemplo, este contenedor que se perdió no iría en la cubierta, iría en la bodega, los pellets serían envasados en envolturas mucho más resistentes no en los sacos que aparecen en la costa que se rompen con facilidad y también irían etiquetados, con una tratabilidad para saber de dónde proceden, qué contienen exactamente”. Y ante un accidente como este, habría mecanismos, incluso internacionales, para reaccionar de forma mucho más rápida, indica Santos.
Intervienen muchísimos agentes que crean entramados societarios
La lupa también debe apuntar a las “banderas de conveniencia” y “entramados” que actualmente penetran en el transporte marítimo internacional. El portavoz de Ecologistas en Acción- organización que entabló una demanda ante los juzgados por el vertido del Toconao, bajo un presunto delito contra el medio ambiente y los recursos naturales,-asegura que hallaron la implicación de diversas entidades y países, obstáculo para identificar a los responsables.
“Encontramos que la naviera es de bandera de Liberia, una bandera de conveniencia, que no acepta los tratados internacionales, la primera propietaria de ese buque estaba en las Bahamas, un paraíso fiscal (…) También tenían detrás otra empresa en Chipre, otro paraíso fiscal, aunque tiene más acuerdos con Europa, y en cuarta instancia aparecía la empresa propietaria de capital alemán. Todo ese entramado no es casualidad, no es al azar, lo hacen para poder dificultar, no pagar y contaminar de forma impune”, señala López.
Un modus operandi que también dificultó la rendición de cuentas en el mayor desastre por contaminación ambiental en España y, en particular, en el litoral gallego, hace 22 años, recuerda Santos.
“Intervienen muchísimos agentes que crean como entramados societarios, implicados en el transporte de un solo contenedor. Normalmente, hay un consignatario, un armador, el fabricante es otro, la aseguradora es otra y entonces es muy difícil después depurar responsabilidades en los juzgados. Eso ocurrió con el Prestige, un desastre ambiental con 77 mil toneladas de fuel, por el que prácticamente no se cobró nada, porque fue imposible determinar quién era el responsable y esas son las normas marítimas internacionales que permiten transportar mercancías de forma muy opaca, muy oscura, con banderas de conveniencia”, subraya el coordinador de Greenpeace.
Lo ocurrido en Galicia es la punta del iceberg de un problema mayor: los perjuicios al medio ambiente por microplásticos a nivel mundial y las dificultades por controlarlos. Con cada derrame de pellets, el daño está hecho, por la prolongada o nula degradación de esos materiales que quedan depositados en los océanos. Pero en las deudas de la legislación puede estar también la clave para sancionar y prevenir futuros vertidos que agravan la contaminación en el mar.
France 24
