Los jueces dan validez al fallo del tribunal arbitral que condenó al consorcio GUPC a pagar 272 millones de dólares a la Autoridad del Canal.
El consorcio Grupo Unidos por el Canal (GUPC), del que forma parte la española Sacyr, ha perdido la última batalla en su intento de anular los laudos arbitrales que le condenaron a pagar a la Autoridad del Canal de Panamá (ACP) un importe de 272 millones de dólares (unos 251 millones de euros al tipo de cambio actual).
Con la decisión de rechazar el estudio del caso, la sentencia de validez a un arbitraje que GUPC había impugnado alegando la parcialidad de los árbitros, un argumento que rechazaron los jueces en primera instancia y en un recurso posterior.
Los laudos fueron dictados en un arbitraje en Miami (Florida) de la Corte Internacional de Arbitraje bajo las reglas de la Cámara de Comercio Internacional (CCI).
La impugnación de los árbitros por parte de GUPC se basó en su supuesta parcialidad como resultado de interacciones profesionales entre ellos o entre ellos y personas que representaban a la ACP.
El intento de anular el resultado del arbitraje lo planteó GUPC tras un primer laudo parcial y tras acceder a nueva información sobre los árbitros. La impugnación la analizó primero un juez de Miami, que la rechazó en una sentencia fechada el 14 de noviembre de 2018.
Posteriormente, Sacyr y sus socios acudieron al Tribunal de Apelaciones del undécimo circuito judicial de Estados Unidos, el competente para los casos de Florida. El Tribunal de Apelaciones tampoco consideró problemática ninguna de las interacciones entre los árbitros y la ACP. “Nos negamos a conceder la anulación simplemente porque estas personas trabajaron juntas en otro lugar.
El expediente no revela ninguna prueba de parcialidad real en el Arbitraje Panamá 1. Y en cuanto a la posible parcialidad, Grupo Unidos ha establecido solo que algunos de los participantes en el arbitraje estaban familiarizados entre sí, y ‘la familiaridad debido a la confluencia de áreas de especialización no indica parcialidad”, decía la sentencia, dictada en agosto de 2023.
Ahora ha sido el máximo órgano judicial de Estados Unidos, el Tribunal Supremo, el que ha rechazado en una resolución admitir el caso para su estudio. Eso convierte en firme la sentencia del Tribunal de Apelaciones y, por tanto, da validez a los laudos arbitrales.
Según la firma Atkins Chambers, que representó a la Autoridad del Canal de Panamá, el laudo obligaba a Sacyr y sus socios a pagar un importe neto de 272 millones de dólares. Eso es el resultado de unas cantidades a pagar por parte de GUPC al Canal por 285 millones de dólares, menos 13 millones en reclamaciones en que se dio la razón al consorcio empresarial, todo ello neto de costas y gastos.
Los laudos dictados en este litigio se referían a una serie de elementos, entre ellos el basalto utilizado para fabricar áridos, la fórmula de la mezcla de hormigón, las condiciones de cimentación y las cláusulas contractuales relativas a los laboratorios de ensayo sobre el terreno.
Muchos elementos de los litigios habían pasado previamente por la Junta de Adjudicación de Disputas (DAB).
Los laudos fallaron a favor de la ACP en las cuestiones principales del basalto utilizado para fabricar áridos y el diseño de la mezcla de hormigón, además de rechazar las reclamaciones de los accionistas de GUPC sobre el rendimiento de la inversión.
Los laudos fallaron a favor de GUPC en algunas de las cuestiones relativas a las condiciones de cimentación y en relación con los laboratorios in situ.
En las cuentas anuales de 2023 presentadas por Sacyr, formuladas el pasado 28 de febrero, la compañía señala que GUPC ha presentado “diversas reclamaciones, agrupadas por procesos, objetivas y cuantificadas, que ascienden a la fecha a un total de 3.427 millones de dólares”.
Estas reclamaciones, derivadas de diversos costes imprevistos surgidos en el proyecto, se encuentran actualmente en proceso de arbitraje internacional.
Sacyr, que tiene un 41,6% de GUPC, explica también que el experto independiente DFL Associate ha actualizado a 1 de diciembre de 2023 el informe donde hace un análisis de cada una de las reclamaciones, describiendo la fase en que se encontraban hasta la fecha del informe y estableciendo una estimación sobre la cantidad que razonablemente se podría esperar recuperar en cada una de ellas.
La conclusión a la que llega es que es razonable esperar que se recuperen 1.565 millones de dólares, una rebaja frente a los 1.824 millones estimados un año antes.
En cambio, tras la sucesión de reveses, entre ellos el rechazo de la reclamación por el rediseño de las compuertas de la Ampliación del Canal que el consorcio tuvo que hacer para adecuarlas al proyecto,
Sacyr se muestra conservador y ha rebajado el valor recuperable hasta el punto de que ya no espera ingreso alguno adicional. “A la fecha se han recuperado 121 millones de dólares en concepto de reclamaciones.
La estimación del grupo Sacyr del valor recuperable de las reclamaciones presentadas por GUPC al cierre de 2023 asciende a este último importe mencionado como ya recuperado, siendo 446 millones de dólares el importe que se estimó en 2022″, afirma su informe anual.
El País España
