La Unión Europea presentó hoy un caso contra China ante la Organización Mundial del Comercio (OMC) por restringir que las empresas de la UE acudan a un tribunal extranjero para proteger y utilizar sus patentes.
China restringe severamente a las empresas de la UE con derechos sobre tecnologías clave (como 3G, 4G y 5G) para que no protejan estos derechos cuando sus patentes se utilizan ilegalmente o sin una compensación adecuada, por ejemplo, por parte de los fabricantes chinos de teléfonos móviles. Los titulares de patentes que acuden a los tribunales fuera de China a menudo se enfrentan a multas significativas en China, lo que los presiona para aceptar tarifas de licencia por debajo de las tasas del mercado.
Esta política china es extremadamente dañina para la innovación y el crecimiento en Europa, privando efectivamente a las empresas tecnológicas europeas de la posibilidad de ejercer y hacer cumplir los derechos que les otorgan una ventaja tecnológica.
Valdis Dombrovskis , vicepresidente ejecutivo y comisario de Comercio, dijo: “Debemos proteger la vibrante industria de alta tecnología de la UE, un motor para la innovación que garantiza nuestro papel de liderazgo en el desarrollo de futuras tecnologías innovadoras. Las empresas de la UE tienen derecho a buscar justicia en términos justos cuando su tecnología se usa ilegalmente. Es por eso que estamos lanzando consultas de la OMC hoy ” .
Desde agosto de 2020, los tribunales chinos han estado emitiendo decisiones, conocidas como “ordenes judiciales anti-demandas”, para ejercer presión sobre las empresas de la UE con patentes de alta tecnología y evitar que protejan legítimamente sus tecnologías. Los tribunales chinos también utilizan la amenaza de fuertes multas para disuadir a las empresas europeas de acudir a tribunales extranjeros.
Esto ha dejado a las empresas europeas de alta tecnología en una desventaja significativa cuando luchan por sus derechos. Los fabricantes chinos solicitan estas medidas cautelares para beneficiarse de un acceso más barato o incluso gratuito a la tecnología europea.
La UE ha planteado esta cuestión a China en varias ocasiones en un intento de encontrar una solución, sin éxito. Como las acciones chinas son, según la UE, incompatibles con el Acuerdo de la OMC sobre los Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual relacionados con el Comercio (ADPIC), la UE ha solicitado consultas en la OMC.
Próximos pasos
Las consultas de solución de diferencias que ha solicitado la UE son el primer paso en los procedimientos de solución de diferencias de la OMC. Si no conducen a una solución satisfactoria dentro de los 60 días, la UE puede solicitar a la OMC que establezca un panel para pronunciarse sobre el asunto.
Antecedentes
Las patentes en cuestión en este caso son patentes estándar-esenciales (SEP). Los SEP son patentes que son esenciales para fabricar productos que cumplan con un determinado estándar internacional. Dado que el uso de las tecnologías protegidas por estas patentes es obligatorio para la producción de, por ejemplo, un teléfono móvil, los propietarios de las patentes se han comprometido a conceder licencias de estas patentes a los fabricantes en condiciones justas, razonables y no discriminatorias (FRAND). Por lo tanto, un fabricante de teléfonos móviles debe obtener una licencia (sujeta a una tarifa de licencia negociada con el titular de la patente) para estas patentes. Si un fabricante no obtiene una licencia y/o se niega a pagar, el titular de una patente puede hacer cumplir estas patentes y hacer que un tribunal detenga las ventas de los productos que incorporan esa tecnología sin licencia.
En agosto de 2020, el Tribunal Popular Supremo de China decidió que los tribunales chinos pueden prohibir a los titulares de patentes acudir a un tribunal que no sea chino para hacer valer sus patentes mediante la aplicación de una “orden judicial anti-demanda”. El Tribunal Popular Supremo también decidió que la violación de la orden puede ser sancionada con una multa de 130.000 euros diarios. Desde entonces, los tribunales chinos han adoptado cuatro medidas cautelares de este tipo contra titulares de patentes extranjeros.
Comisión Europea
