El Gobierno español ha endurecido sus normas sobre las transferencias de petróleo de barco a barco tras un repunte en la actividad a lo largo de su costa.
Los petroleros que deseen realizar operaciones frente a las costas del Mediterráneo y el Atlántico, incluso fuera de las aguas territoriales, tendrán que solicitar la autorización de la capitanía de puerto española más cercana, según una nueva norma que entrará en vigor 20 días después de su publicación el 22 de marzo.
Los barcos que buscan dar servicio a estos petroleros cargados con petróleo crudo, productos refinados u otros productos químicos también tendrán que solicitar una autorización específica, según la regla.
El comercio de combustible se ha complicado por la imposición por parte del Grupo de las Siete naciones industrializadas de un límite de precios al petróleo ruso en diciembre y medidas separadas de la Unión Europea para prohibir la importación de crudo y productos petrolíferos rusos.
Como resultado, las operaciones de barco a barco se han vuelto más comunes, pero fuentes de la industria dicen que también se están convirtiendo en una preocupación de seguridad cada vez mayor.
Las autoridades españolas han interceptado en las últimas semanas a varios petroleros sospechosos de derramar petróleo en el Mediterráneo cerca de Barcelona y frente a las Islas Canarias.
Reuters
